Por Andreiev Pinzón

La vieja y profunda expresión de los movimientos sociales en Latinoamérica de “democratizar la democracia” expresa de fondo una crisis en la participación real de sus habitantes y organizaciones sociales en los asuntos que afectan a sus comunidades y su calidad de vida. El campo experimenta constantemente un autoritarismo propio de las  autocracias más rancias, en medio de un embrujo de democracia. En Colombia, los sistemas políticos restringidos y limitados construidos mediante la violencia estructural, hoy por hoy, dejan un crudo panorama en términos de garantías para líderes sociales y ambientales respecto a sus reivindicaciones y expectativas que tienen que ver con la trasformación de las estructuras agrarias campesinas, la producción e ingreso y el disfrute de un medio ambiente sano.

La creciente desazón por la salud del agua y los ecosistemas que la soportan son materia de debate y preocupación de sectores sociales y de habitantes en cada rincón del país. Más y más, los colombianos evidencian que la crisis del agua y los efectos climáticos no es un asunto ajeno a sus realidades. Sin embargo, el desenlace real de esta preocupación se vive con mayor fuerza en las regiones que se resisten a un modelo que privilegia los megaproyectos, el extractivismo, los monocultivos industrializados sobre el agua, los bosques y los páramos. No es extraño ver en cada rincón de Colombia consignas en defensa del agua: ¡Agua si, minería no! ¡Agua si, petróleo no!

La ya habitual tendencia de imponer políticas de “desarrollo” con una planeación desde arriba, es decir, con visiones elitistas, rentistas y economicistas golpean fuertemente a las comunidades campesinas, a sus formas de gestión ambiental, a su economía, su acceso a crédito y a la tierra; factor que determina la posibilidad de acceso a las tecnologías, elemento esencial para mejorar los procesos de economía campesina familiar y la calidad del agua para consumo humano.  Las políticas públicas rurales, no han sido y parece no serán prioridades de las políticas públicas en Colombia. Las políticas de fomento construidas desde el “centro” no permiten la  consulta de las bases campesinas o populares y menos aún a las  regionales afectadas por tales políticas.

La afirmación de una política autocrática de elites, se soporta por la gran cantidad de decisiones que atentan contra los medios de vida de la economía campesina familiar y el creciente deterioro de la biodiversidad en el país. Los principales ecosistemas regionales impactados por dos décadas de extractivismo, son ni más ni menos, las fuentes de agua para la vida tanto rural como urbana. Dependemos, gústele a quien le guste, del campo y los campesinos para nuestra soberanía alimentaria y para no morir de sed.

Miles de cuencas, micro cuencas  y cuerpos de agua están gravemente afectados por más de dos décadas de locomotoras minero-energéticas, la expansión de la agroindustria de monocultivo.  La irracionalidad económica y el trato subordinado al campo y el campesino, se evidencia, por lo menos, en materia socio-ambiental, en las siguientes cifras oficiales:

– Según el IGAC; en 2008 la pobreza en el campo cubría al 65,9% de la población frente al 39,8% de las cabeceras, y la indigencia al 32,6% de la población rural frente al 13,1% urbano. (PNUD 2012)[1].

– El 48% de los trabajadores agropecuarios eran por cuenta propia, el 17,3% jornaleros, el 14,6% empleados particulares, el 9,7% es descrito como empleado familiar sin remuneración, el 4,2% son patronos empleadores, el 3% son empleados domésticos y el 2,6% empleados del gobierno. (Censo 2005).

– En una muestra de seis cultivos transitorios de tradición campesina, más del 70% del área no tenía riego (excepto arveja, 45,7%, y papa, 62,1%), y la asistencia técnica no superaba más del 20% del área (excepto yuca con 23,8% y maíz blanco con 25,3%). (PNUD 2012).

– La situación es tan crítica que la misma OCDE, reporta que “las desigualdades regionales no solo multiplican por 42 las registradas en Australia, y por más de cinco las de Estados Unidos o Canadá, sino que también son más elevadas que las de países vecinos de América Latina, como Argentina, Bolivia, Brasil o Venezuela”. (OCDE 2015)[2]

– La diferencia en el PIB per cápita de la mayoría de las regiones con respecto a Bogotá se explica por los bajos niveles de productividad laboral (OCDE, 2013a).

En materia de impactos a la salud pública, el agua y el derecho a un ambiente sano:

– 205 toneladas de mercurio son vertidas al suelo y al agua de los ríos a nivel nacional. (ENA 2014).

– 318 cabeceras municipales pueden presentar problemas de desabastecimiento en épocas secas lo cual podría afectar una población de aproximadamente 11.530.580 habitantes entre las cuales se destacan Chiquinquirá, Paipa, Floresta, Soracá, Manzanares, Yopal, Neiva, Maicao, Santa Martha, Buga, Palmira entre otras. (ENA 2014).

– Hay 14,4 millones de personas que viven en riesgo de escasez de agua, alta y media alta, y más de 20 millones de personas registran una situación de vulnerabilidad alta o muy alta de abastecimiento de agua futura. (Diagnóstico del cumplimiento del Derecho Humano al Agua en Colombia”, Defensoría del Pueblo 2009)

– 9.022.276 personas no tienen acceso a acueducto y 13.541.532 personas no tienen acceso a alcantarillado. (Diagnóstico del cumplimiento del Derecho Humano al Agua en Colombia”, Defensoría del Pueblo 2009).

– La materia orgánica biodegradable vertida a los sistemas hídricos en 2012 se estima en 756.945 t/año, mientras que la materia orgánica no biodegradable, es decir sustancias químicas, se estima en 918.670 t/año, siendo Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena los principales aportantes. (ENA 2014).

– Las condiciones más críticas del recurso hídrico, asociadas a presión por uso, contaminación del agua, vulnerabilidad al desabastecimiento, vulnerabilidad frente a variabilidad climática y condiciones de regulación; se concentran en 18 subzonas hidrográficas en las áreas Magdalena-Cauca y Caribe que abarcan 110 municipios con una población estimada de 17.500.000 habitantes. (ENA 2014).

– Se identificaron 61 sistemas acuíferos, cuya ubicación geográfica coincide con sub-zonas caracterizadas por altas presiones de uso, contaminación, vulnerabilidades al desabastecimiento, a la variabilidad y al Cambio Climático.

Si bien, la afectación y presión de las principales cuencas del país es ya un factor preocupante, como lo revela el Estudio Nacional de Agua 2014 “Información para la toma de decisiones” (ENA-2014), que por cierto es un título paradójico. El Estudio, no da cuenta del real impacto de la contaminación del agua en Colombia, ni sus verdaderas causalidades, ni de los verdaderos efectos de la variabilidad climática en las economías campesinas y las decisiones a futuro para mitigarlas. Empero, es justo mencionar,  que el ENA, es ya un avance importante, en el estado del arte del agua en el país, se use para tomar decisiones o no.

Un problema subyacente, por encima de la información del agua en Colombia, es que el Estado no cuenta con un monitoreo o inventario de afectación de micro-cuencas, ni de las dinámicas de estas con la autogestión del agua, los sistemas de riego veredales y sus dinámicas organizativas. Más grave aún, es el escaso conocimiento, falta de información y desconocimiento de las dinámicas hidrogeológicas de las regiones y su relación con el estrés hídrico que se vive en carne viva en más del 30% de los municipios del país.

Los miles de campesinos y habitantes urbanos, que desde principios de solidaridad gestionan el agua, bajo criterios de un ambientalismo popular, enfrentan una doble carga en su gestión. Por un lado, deben cumplir con una normatividad excesiva que atiende factores gerenciales que desconocen las realidades ambientales y las particularidades socioeconómicas  y ambientales de las regiones. Por otro, el impacto de crecientes afectaciones ambientales que dificultan la autogestión del agua, por los altos costos en la potabilización, los Índices de calidad de agua -IRCA- no son malos por la gestión solidaria de las comunidades, o porque la autogestión del agua tenga incapacidades técnicas,  sino por las graves afectaciones a los ecosistemas que sustentas el agua.

Organizaciones campesinas y sectores populares soportan en su cotidiano las tensiones y conflictos que se producen al convivir con la extracción masiva de recursos fósiles, naturales y forestales, agravadas por las estructuras militares ilegales que sustentan en lo cotidiano el “statu quo” del “desarrollo. Las voces de millones de colombianos que resisten a esta realidad depredadora, enfrentan serios problemas para  su vida e integridad. Para 2018, cada dos días se asesina en Colombia a un líder social según cifras recolectadas por el programa “Somos Defensores”,  situación denunciada ante la ONU en el proceso de incidencia al Examen Periódico Universal –EPU-, en Ginebra-Suiza.

Democratizar la gestión del agua implica que la participación de las comunidades sea decisoria y vinculante, que prime el derecho a la vida y la salud. Democratizar el país, pasa por democratizar la gestión del agua y la tierra.  Ello sin lugar a dudas, se logrará, si a través de un pacto social, cultural y político se  sobreponen los bienes comunes, sobre intereses corporativos, la vida sobre el apetito voraz de quienes a nombre de la “democracia” quieren inflar su poder político y sus cuentas bancarias.

[1] El campesinado: reconocimiento para construir país. Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011. Colección Cuadernos indh 2011.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD  INDH 2011. Publicado en Mayo 2012. (PNUD 2012).

[2]  Serie “Mejores Políticas” COLOMBIA POLÍTICAS PRIORITARIAS PARA UN DESARROLLO INCLUSIVO ENERO 2015. OCDE 2015.