Enda Colombia

Los efectos del Cambio Climático en una década serán lo suficientemente graves que afectarán los cimientos de nuestra civilización, esto es entendido como Crisis Climática. Ya no está en duda si el cambio climático es una realidad o cuento chino, el reto actual gira sobre cómo los gobiernos y las sociedades cambian a tiempo sus patrones de consumo. En este contexto, cuando se hace urgente el liderazgo para un país que necesita responder a su mayor reto histórico, llega el gobierno de Duque.

Este primer año del gobierno de Duque ha dejado preocupantes precedentes para la adaptación de nuestro territorio y sociedad ante la Crisis Climática. Por un lado, se ha debilitado notablemente la capacidad del Estado para responder a los problemas ambientales con el recorte presupuestal a la institucionalidad ambiental, la falta de voluntad política para frenar la deforestación en la Amazonía, y la errática política agraria y alimentaria que nos hace más vulnerables a las vicisitudes de los precios de los alimentos por su dependencia del clima.

La crisis climática ya empieza a mostrar síntomas preocupantes: desplazamientos por cambio en el régimen de lluvias, afectaciones en la agricultura campesina, deterioro de “bancos de agua” como páramos y nevados, escasez de agua en territorios particularmente vulnerables, el encarecimiento de alimentos.

El gobierno de Duque que ha pregonado internacionalmente su compromiso por el ambiente, redujo un 20% en el presupuesto nacional de 2019 el gasto dedicado a la protección del ambiente respecto al año anterior, quedando en 581 mil millones, equivalente al 0,3% del presupuesto general de la nación. Aproximándose al mínimo histórico alcanzado por el gobierno de Uribe del 0,22% en el año 2010.

El Plan de Desarrollo de Duque manifiesta en materia ambiental lo que ya empieza a ser una característica de su gobierno: mensajes moderados y tranquilizadores acompañados de prácticas de extrema derecha.[1]  Por ejemplo, la línea “Ganadería sostenible” busca aumentar el área actual de 72.000 hectáreas al doble, y pasa por alto que hay más de 14 millones de hectáreas con uso ganadero en un contexto de sólo 2,7 millones aptas para esta actividad;[2] y el caso de la deforestación es aún más preocupante, pues plantea mantener la tasa de deforestación ambiental, en clara contravía con la necesidad de reducirlas para mitigar los efectos del cambio climático, lo que se agrava aún más cuando la Amazonía es clave para la estabilidad del régimen hidrológico de país, y su conservación es fundamental para contrarrestar los efectos del cambio climático global.

De acuerdo con las directrices del gobierno colombiano el cambio climático es una oportunidad de negocios que busca atraer inversiones de economía verde. Mientras que no prevé, ni cuantifica ni atiende los impactos relacionados con la crisis climática, que se agrava con la implementación de monocultivos, ganadería o proyectos agroindustriales, por cuanto aumentan la vulnerabilidad territorial en razón de las transformaciones que generan en los ecosistemas, que, por otro lado, debilitan las democracias regionales y menguan la necesaria respuesta estatal frente a los efectos de la crisis climática.

La concentración de la tierra, agravada con las dinámicas de desplazamiento de la guerra, la crisis de la representación política agravada también por el fenómeno conocido como la “parapolítica”, la implementación de proyectos extractivos funcionando al garete, y la ineficacia del Estado colombiano en la gestión efectiva local para la protección de ecosistemas y cuerpos de agua en el territorio, son elementos determinantes que agravan la vulnerabilidad del país frente a la crisis climática

La crisis climática puede ser el mayor reto que enfrenta nuestra civilización; demanda acciones urgentes en todos los niveles por parte de todos los actores sociales. La mezquindad y la crueldad de las élites políticas y económicas agravan y enturbian este difícil panorama. Todo esto en un contexto en el que el Estado colombiano no llega a todo el territorio nacional, especialmente en zonas de periferia (Amazonía, Chocó biogeográfico, Orinoquia profunda, entre otros), donde es ineficaz y en muchos casos se encuentra cooptado por intereses locales, terratenientes, corporativos o narcotraficantes. El Sistema Nacional Ambiental, se encuentra seriamente debilitado, mientras que las Corporaciones Autónomas Regionales se han constituido en fortines burocráticos de los gamonales locales, que transan económicamente la aplicación de la normativa ambiental.

La vulnerabilidad del país frente a la crisis climática se agrava desde cinco perspectivas que deben ser atendidas prioritariamente por el gobierno: El sistema de producción y abastecimiento de alimentos; los ecosistemas abastecedores de agua; el sistema de atención de desastres; el conocimiento necesario para la adaptación al clima; la gestión comunitaria del agua y del territorio.

El control político y armado de élites regionales que se consolidaron con la ofensiva paramilitar, y la ausencia efectiva del Estado en los ecosistemas que aún quedan se constituyen en el principal obstáculo para que el país pueda retomar su rumbo frente a la crisis ambiental-climática que se empieza a manifestar.

Los conflictos ambientales y el incremento sustancial de nuestra vulnerabilidad frente a la crisis climática, es fundamentalmente de naturaleza política, en la búsqueda de alternativas que nos relacionen de otras maneras con los territorios, a pesar de los violentos poderes establecidos que tienen a la naturaleza como una vulgar mercancía. Puede que la crisis ambiental de nuestra civilización se origine sencillamente en nuestra codicia.  Esperemos que el presidente Duque logre empezar a gobernar para todo el pueblo colombiano, para el de ahora y los del futuro.

[1] Juan Pablo Ruiz, “Plan sin ambiente ni sostenibilidad”, El Espectador. 06.03.19

[2] Isabel Cabelier El Cambio Climático en el plan nacional de desarrollo. Semana Sostenible. 01.04.19