Por: Enda Colombia
Buenaventura, como muchos lugares en Colombia, es una ciudad de múltiples contrastes. Por un lado la riqueza del puerto con la falta de satisfacción de las necesidades básicas de la población del distrito – en términos de acceso a vivienda digna, salud, educación o inclusive alimentación-; Por otro, la riqueza natural y la biodiversidad con las distintas formas de contaminación y apropiación ilegitima de la naturaleza. Pero quizás uno de los contrastes más complejos tiene que ver con la falta de acceso al agua en términos de calidad, disponibilidad o accesibilidad por parte de la mayoría de la población, mientras que en su territorio corren múltiples fuentes de agua y mientras el puerto goza plenamente de ella. Esto ha configurado una crisis social bien conocida en el país que refleja las circunstancias de indignidad en las que viven amplios sectores de la población.
Sin embargo, de esto contexto surge también uno de los ejemplos más importantes de movilización social, reivindicación de derechos y en ultimas de la búsqueda de la dignidad. En efecto, cansados – tal ves hastiados- de las promesas incumplidas, de la situación de precariedad y del olvido ¿selectivo? del Estado, en Buenaventura se desarrollo un paro cívico “Para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio” que se desarrollo durante los meses de mayo y junio de 2017 y que al grito de “el pueblo no se rinde carajo” movilizo a diversos sectores de la población del distrito de Buenaventura para lograr soluciones concretas para la satisfacción de las necesidades básicas de la población y en ultimas de los derechos que les reconocía la Constitución, como cobrando la deuda histórica que el Estado tiene con los más vulnerables.
El camino, como en todos los casos de defensa y reivindicación de los derechos, no fue fácil. Como es usual los gobiernos apelaron a la estigmatización, al uso de la fuerza – incluso de manera excesiva- y a estrategias diversas de dilación para evitar el dialogo y adquirir compromisos. Pero quizás curtidos por los años de carencias y la experiencia de movilizaciones pasadas el paro logró salir avante en al menos dos dimensiones, por un lado logro que el Estado adquiera compromisos precisos para desarrollar estrategias y acciones tendientes a resolver los problemas referidos a vivienda e infraestructura, salud, productividad y empleo, ambiente, saneamiento básico y servicios públicos, cultura, recreación y deporte, género, educación, acceso a la justicia, protección y víctimas, derechos humanos, garantías y protección, entre otros. Otro logro resultado de esta movilización se produjo el triunfo electoral subsiguiente de un candidato a la alcaldía salido del seno de la movilización social.
Es en este contexto donde la reivindicación del derecho humano al agua cobra especial relevancia – no solo porque fue una de las reclamos centrales del paro cívico- sino porque plantea la pregunta fundamental sobre cual debe ser el modelo para garantizar este derecho. Esto porque el caso de Buenaventura parece reflejar el fracaso del modelo de prestación con participación de privados, modelo que fue implementado en esta ciudad hace ya casi veinte años y que fue incapaz de garantizar coberturas universales, con continuidad y calidad, en algunos casos la población recibía agua menos de 4 horas al día. Este caso refleja los riesgos de la prestación privada de los servicios públicos que el Relator de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al agua ha señalado basándose en una combinación de tres factores relacionados con el suministro privado de agua y saneamiento: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. Mediante este marco analítico, identifica diferentes riesgos, entre ellos, la no utilización del máximo de recursos disponibles, el deterioro de los servicios, el acceso inasequible, la inobservancia de la sostenibilidad, la falta de rendición de cuentas y la desigualdad.
Así a veinte años de la implementación de un modelo de participación privada en la prestación del servicio público de acueducto con un contrato de operación que le entregó el manejo de este servicio público a un privado – hidropácifico – y que lo rodeo de garantías jurídicas y económicas tenemos una situación en la que no se logro cumplir las promesas del neoliberalismo sobre la prestación privada de los servicios públicos, es decir ni mejoro la eficacia y calidad en el servicio de acueducto, ni atrajo las inversiones para la mejora de la infraestructura, ni elimino los actos de politiquería o corrupción, en conclusión parecen existir pocos o ningún resultado destacable de la prestación privada del servicio de acueducto en el caso de Buenaventura.
Ante lo que parece ser el agotamiento e incapacidad del modelo de prestación privada del servicio de acueducto en Buenaventura ¿Qué hacer? La apuesta de los lideres del paro cívico de Buenaventura, siguiendo el ejemplo de varias ciudades del mundo como Paris, Berlín o Buenos aires, ha sido por la remunicipalización, es decir la creación de una empresa pública que se encargue de la provisión del agua potable. A primera vista las ventajas de volver al modelo de empresas públicas son tres a) la inexistencia de un animo de lucro y por tanto de percibir ganancias reduciría la presión por el aumento de tarifas, b) permitirá un mayor control por parte de la administración municipal pues le daría una mejor posición para acceder a la información técnica, financiera y operativa en el funcionamiento del acueducto, y c) aumentaría las responsabilidades políticas frente al electorado, pues la administración municipal no podría – o al menos le seria más difícil- escudarse en la existencia de contratos que deben cumplirse o en el hecho de que la empresa no estuviera bajo su control.
Ahora bien, detrás de estas ventajas también se presentan nuevos retos, obstáculos y riesgos los más significativos por ahora son: i) como asegurar las inversiones necesarias para garantizar una infraestructura y funcionamiento adecuado de la empresa publica, pues esto implica inyecciones de capital que deberán provenir principalmente de fuentes publicas – ya sean de la nación o del distrito-, ii) como evitar que la empresa pública se convierta en un fortín político para el clientelismo y la corrupción sometido al vaivén de los cambios de administración local; iii) como asegurar la transferencia de conocimientos técnicos, operativos y financieros del operador privado – sin muchos incentivos para hacerlo- hacia un prestador público; iv) como garantizar un verdadero enfoque de derechos y de derecho humano al agua; v) como garantizar un involucramiento mayor de la ciudadanía en el control y vigilancia de la garantía del derecho humano al agua.
Las anteriores circunstancias hacen que el movimiento social deba ser innovador, se requiere pensar en un modelo de gobierno corporativo – es decir de órganos de dirección de la empresa- que den cabida a la representación decisoria de trabajadores y usuarios, se requiere de procesos de elección de directivos más transparentes y abiertos a la participación de la ciudadanía, un esquema que permita a la ciudadanía generar y contrastar la información referida a la prestación del servicio de acueducto, un sistema de seguimiento basado en el goce efectivo de derechos. El movimiento social del distrito de Buenaventura se encuentra precisamente en la discusión sobre estos temas, pues más que simplemente volver a tener una empresa pública que opere los servicios públicos se trata de construir una nueva forma de gestión de lo público, de administrar los bienes comunes como el agua y de garantizar una institucionalidad pensada para los derechos humanos. Sin duda, del proceso adelantado por las comunidades en Buenaventura servirán de ejemplo para otros procesos de gestión pública del agua, como lo han sido de movilización, de construcción colectiva y de dignidad.
